28/05/12

PostHeaderIcon ¿Doce hombres sin política? (Autor: José J. Jiménez Sánchez)


Entre las diferentes propuestas que el nuevo gobierno ha hecho en relación con la Justicia, quisiera resaltar que una de ellas, el nombramiento de doce miembros del Consejo General del Poder Judicial entre jueces y magistrados por jueces y magistrados, plantea algunas cuestiones de fondo, que están conectadas con una mala comprensión de las razones que se aluden para hacer dicho cambio. Estas razones son fundamentalmente dos, evitar la politización de la justicia y asegurar la independencia del poder judicial. Sólo me ocuparé de la primera.

Me parece que para entender de manera adecuada el alcance del problema, es imprescindible que comprendamos bien el principio en el que se origina todo el orden jurídico-político. Afortunadamente está claro en nuestra Constitución, en la que en el art.1.2 se dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. En este texto se resuelven dos asuntos fundamentales que derivan de la institucionalización del orden social. Primero, se determina quién sea el soberano, que en nuestro caso es el pueblo, como además no podía ser de otra manera en una democracia. En segundo lugar se establece que los poderes del Estado emanan de ese pueblo. Esto quiere decir que el legislativo, el ejecutivo, pero también el judicial, han de proceder del mismo pueblo. En relación con el judicial hay que recordar que el art. 117 vuelve a usar el mismo verbo al recordarnos que la “justicia emana del pueblo”.    

Así pues, si los tres poderes emanan del pueblo, origen de todo poder, habrá que establecer un mecanismo de manera que se mantenga el recuerdo de su procedencia. Esto se alcanza sin dificultad en el legislativo, en la medida en que el pueblo elige el órgano, el Parlamento, que conformará la voluntad normativa del Estado. También se logra con el ejecutivo, ya que éste se elige por el legislativo, al mismo tiempo que el primero es responsable políticamente ante el segundo. La dificultad surge con el poder judicial pues según se dice, se quiere evitar su politización.


Todo poder es necesariamente político, pues todo poder proviene directa o indirectamente del pueblo. Además esta vinculación  de todo poder con su origen tiene que permanecer y así se hace en el legislativo mediante elecciones periódicas; en el ejecutivo por su permanente rendición de cuentas ante el legislativo, y en el judicial sería un error querer establecer no la separación respecto de los otros poderes, sino su despolitización por medio de la profesionalización de tal poder, dejando que la mayoría de los miembros de su órgano de gobierno no sólo se eligiera entre jueces y magistrados sino por jueces y magistrados.

Si el poder judicial, como todo poder, emana del pueblo; será el pueblo quien tenga la autoridad para elegir a los miembros del CGPJ. En nuestra democracia, el pueblo delega el ejercicio de su autoridad en los representantes electos para que, a su vez, elijan entre juristas y magistrados los doce que han de formar parte del órgano de gobierno del poder judicial. El problema por tanto no se encuentra en el origen del poder, en el principio de su politización ni en la delegación del ejercicio de su autoridad. ¿Dónde se encuentra? La dificultad se halla en el uso pervertido del principio y la delegación por parte de los partidos políticos, que han transformado la práctica política en su partidización; así como en el sometimiento de los elegidos en su actuación a los dictados del partido que los nombró. No tiene sentido que para evitar estos problemas, destrocemos los principios. Mantengámoslos y busquemos las instituciones adecuadas a nuestra manera de ser.

¿Qué les parece si todos los nombres propuestos por los diferentes partidos en función de la representación obtenida se introdujesen en una jarra de los Caballeros XXIV y se insacularan los doce establecidos por la Constitución? Posiblemente el pavor a que ninguno de los nuestros resultase agraciado, nos condujera a proponer los mejores. ¿Y si además el período por el que son nombrados alcanzase más de dos legislaturas, por ejemplo nueve  años?

Artículo escrito por
José J. Jiménez Sánchez.

10/01/12

PostHeaderIcon Mandato imperativo (Autor: José J. Jiménez Sánchez)



En los primeros días de diciembre, previos al debate de investidura, se produjeron dos hechos que deberían haber llamado la atención de cualquier observador de la vida política. Primero, que antes de que se constituyeran las nuevas Cortes ya se sabía quiénes serían no sólo los presidentes de las dos cámaras, Congreso y Senado, sino también los portavoces del mayor grupo parlamentario; quizá también los de los otros, aunque por serlo de los grupos minoritarios, su conocimiento no alcanzó la
misma relevancia que tuvo el de los primeros. Segundo, que el día en que se constituyeron las Cortes, conocíamos de antemano el voto de todos y cada uno de los representantes, lo que por cierto sucederá una y otra vez durante los próximos cuatro años.

Empezaré mi reflexión por este segundo hecho, pues en tanto que votante del veinte de noviembre, podría pensar que mis representantes no han hecho sino decidir de acuerdo con mi mandato. Si fuese así, querría decirse que una de las más viejas reivindicaciones en la historia de la democracia, la del mandato imperativo, podría alcanzar su realidad en estos momentos, en tanto que el representante elegido acabaría por someterse a la voluntad del representado. La Comuna de París de 1871 se construyó en torno a tal mecanismo: la sujeción de los representantes a la voluntad de los representados por medio del mandato imperativo. Quienes eran elegidos tenían que actuar de acuerdo a lo decidido por los representados y además tenían que dar cuenta de sus actuaciones ante ellos. El modelo fue
trasladado por Lenin a la Unión Soviética, donde el sistema de los soviets se organizó de acuerdo con el modelo de la Comuna.

Sin embargo, este modelo alternativo a la democracia representativa fracasó al ser inviable un sistema de representación en el que el representante queda atado de pies y manos ante el representado. En la democracia parlamentaria, el pueblo real, esto es, aquellos ciudadanos que ejercen sus derechos políticos, elige a sus representantes y éstos conforman la voluntad normativa del Estado sin mandato imperativo de aquéllos. En principio, la ley es expresión de la voluntad mayoritaria de los representantes, pero no de los representados, cuya función se limita en nuestra democracia a la elección de los representantes. Este modelo de democracia parlamentaria admite cierto grado de reformas de manera que el pueblo adquiera un mayor protagonismo político. Ejemplo de ello serían el referéndum y la iniciativa legislativa popular, pero nunca el mandato imperativo.

Entonces, ¿cómo es posible pensar que el mandato imperativo funcione en nuestro sistema político? En realidad ese mandato se ha introducido en nuestro sistema democrático, pero no en el sentido en que he apuntado con anterioridad y que se reivindicó históricamente, como un mecanismo por medio del que se sujetaba el poder de los representantes y se le vinculaba a la voluntad de los representados, sino que lo ha hecho de manera perversa, pues no obedece al intento de profundización en la democracia, sino justamente a una intención contraria, en tanto que la adopción del mandato imperativo se debe a los partidos políticos. Nosotros hemos elegido a unos representantes sobre los que hemos depositado nuestra confianza, aunque su obediencia se deba por encima de cualquier otra cosa no a nosotros, sus electores, sino a su partido. Es el partido el que ejerce de hecho un mandato imperativo sobre los representantes elegidos en las listas del mismo. Esta es la razón por la que cabe prever sin dificultad el voto de nuestros representantes, así como que también se pueda designar desde el partido a quiénes ejercerán la presidencia de las diferentes cámaras con antelación a su misma constitución.

La conclusión de tales prácticas resulta evidente. Los procedimientos parlamentarios quedan corrompidos, por lo que sólo cabe apelar a que la sociedad civil equilibre y contrapese el papel predominante que los partidos políticos han alcanzado en nuestra vida política. No se trata con ello de sustituir a los partidos, que son absolutamente necesarios en la vida política democrática, sino sólo reconocer el hecho de su insuficiencia.


19/10/11

PostHeaderIcon La Andalucía de los Titanes (Autor: Sergio Márquez Calvo)

Andalucía es de leyenda, rica desde sus orígenes como bien muestra su escudo de tierras separadas por el semidiós Hércules. Las leyendas son ficción, una narración de lo sobrenatural que viene a ponernos como ejemplo situaciones que se transmiten de generación en generación.


Andalucía es de leyenda invertida, la ficción ha pasado al plano de lo real, lo inmoral se ha convertido en cotidiano. Los gobernantes andaluces, los que descendieron del Olimpo cargados de presentes, los que se denominan generadores de democracia andaluza, de igualdad y de bienestar social son portadores de traición.


Han traicionado la confianza prolongada, estirada, que nos proporciona nuestro sistema democrático. Mientras en la superficie se hace gala de todo tipo de bondades en el Inframundo se cometen todo tipo de barbaridades. En las sombras se juega con el dinero ajeno, comercian a base de favores pensiones ilegales, mercadean con la necesidad de la ciudadanía en estos tiempos de crisis, se benefician de la marca y han echo de ella su institución. Es tal el grado de soberbia que no sirve con dar favores sino que se los auto adjudican siendo ellos el punto cero de una carrera que dura ya más de diez años a base de ir repostando en todos los Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, que han pasado por sus manos. Soberbia servida al mantenimiento de la ruina, maximizada en muchos casos.


Las bondades de la superficie, dan también mucho de que hablar. Por avances se tiene que de medio millón de andaluces parados en los años 80 en la actualidad supere el millón de personas sin empleo. Por progreso se entiende que la mitad de los jóvenes en Andalucía ni tiene empleo ni tienen futuro. Una cifra puntera a destacar es el más de 35% de fracaso escolar. Andalucía al máximo en recortes de todo tipo y para todos menos para el saco de los lagartos lleno de oro para pagar abusos de los propios y los amigos.


La leyenda habla de Guerras Titánicas portadoras de cambio en el Monte Olimpo, hoy se batalla en las urnas y el castigo debería ser ejemplar. La justicia jugará su papel y llevará ante la diosa de ojos vendados a los domadores de reptiles. Pero el castigo debe ser ciudadano para que nadie de ahora en adelante maltrate tanto la confianza que se le ha otorgado. Por una vez deben asumir su responsabilidad.


Este Gobierno de Titanes tiene los días contados. Han podrido tanto el subsuelo que el mantenimiento del Monte Olimpo se ha vuelto insostenible. Han cavado el agujero a lo largo de sus más de 30 años de gobierno. Y como de leyendas va esta historia este agujero dará encierro a los Titanes que gobiernan la mejor tierra del mundo.


Sergio Márquez Calvo

Estudiante de Ciencias Políticas y Administración

http://unloboparaelhombre.tumblr.com/

19/10/2011

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